El Ayuntamiento llevará al Pleno una moción para excluir las tierras de cultivo del plan de protección de la especie, al considerar que está «hecho sin rigor» y ahogará al sector con restricciones burocráticas.
El Gobierno municipal de Lorca (PP-VOX) ha salido al paso del Plan de Conservación de la Tortuga Mora con una ofensiva institucional en defensa del sector agropecuario. Los concejales de Agricultura y Desarrollo Industrial, Ángel Meca y José Martínez, anunciaron que llevarán al próximo Pleno una moción conjunta para exigir la exclusión de las zonas agrícolas consolidadas del ámbito de aplicación del decreto regional.
La iniciativa respalda las alegaciones presentadas por agricultores, ganaderos y comunidades de regantes, quienes alertan de que el plan, basado en «modelos teóricos» sin contrastar sobre el terreno, incluye como áreas de protección parcelas que llevan décadas cultivadas e incluso separadas por grandes infraestructuras como la AP-7.
Las restricciones que preocupan al campo lorquino
La moción alerta sobre dos puntos críticos del plan:
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Trabas burocráticas: El decreto exige un informe vinculante de la Dirección General de Patrimonio Natural para cualquier nueva transformación de regadío o alteración del terreno mayor de una hectárea, una medida que, según el equipo de gobierno, «carece de criterios objetivos y puede paralizar inversiones».
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Falta de participación: Se reclama que se retrotraiga el procedimiento para garantizar una consulta pública real a los afectados, tal como exige la ley.
«La agricultura es el futuro de Lorca, no el problema»
Los ediles cargaron contra lo que consideran un plan que criminaliza al sector primario. «No vamos a permitir que se ahogue a la agricultura con un plan lleno de restricciones. Defender a los agricultores es defender a Lorca«, afirmó José Martínez.
Por su parte, Ángel Meca subrayó la necesidad de buscar la compatibilidad entre la protección medioambiental y el desarrollo socioeconómico: «Nuestro deber es estar al lado de quienes sostienen la economía del municipio. No aceptaremos medidas desproporcionadas».
El acuerdo plenario, que se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente, insta a eliminar las restricciones «injustificadas» y a garantizar la participación del sector en las decisiones que afecten a su futuro.
