- Denuncian que llevan 13 años vertiendo aguas sin depurar al pantano de Puentes
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Piden acciones urgentes a todas las administraciones competentes
Izquierda Unida ha presentado una batería de iniciativas políticas en todos los niveles institucionales -desde el Ayuntamiento de Lorca hasta el Congreso de los Diputados- para exigir soluciones inmediatas al vertido continuado de aguas fecales sin depurar desde el municipio almeriense de Vélez Rubio al río Vélez y al pantano de Puentes.
El portavoz de IU en Lorca, Pedro Sosa, y el diputado regional José Luis Álvarez Castellanos explicaron que el problema se originó tras las riadas de septiembre de 2012, que destruyeron la red de tuberías que llevaba las aguas residuales de los casi 7.000 habitantes de Vélez Rubio a su depuradora.
Tres frentes institucionales
En el Ayuntamiento de Lorca, IU defenderá una moción para que el consistorio exija al Ayuntamiento de Vélez Rubio y a la Junta de Andalucía la «ejecución inmediata» de las infraestructuras necesarias para paralizar los vertidos y descontaminar los cauces afectados.
En la Asamblea Regional, el grupo pedirá que el Gobierno murciano inicie acciones jurídicas tras la reciente sentencia absolutoria para el alcalde de Vélez Rubio por delito ecológico, e instará a la Junta de Andalucía a actuar para que cesen los vertidos.
En el Congreso de los Diputados, IU ha registrado una pregunta al Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo explicaciones sobre por qué no se ha actuado antes y qué medidas urgentes piensa tomar la Confederación Hidrográfica del Segura.
Sanción millonaria pero vertidos continuados
Álvarez Castellanos recordó que el Consejo de Ministros aprobó imponer una sanción de 841.799 euros al Ayuntamiento de Vélez Rubio por este vertido continuado, constatado mediante 22 actas entre 2017 y 2024. «Pero esta sanción, necesaria, no resuelve el problema principal: que los vertidos siguen produciéndose 24 horas al día», subrayó.
Los representantes de IU insistieron en que todas las administraciones competentes deben pronunciarse y actuar ante «un atentado continuado de trece años al medio ambiente y a la salud pública» que afecta directamente a Lorca y a la cuenca del Segura.
