Lo hace con un 33,2% de la superficie agraria regional improductiva, frente al 7,9% de media en España, según un informe de Cocampo. Esta cifra implica que una de cada tres hectáreas no se cultiva, lo que contrasta con la imagen de Murcia como la “huerta de Europa” y motor exportador de frutas y hortalizas.
Las causas del abandono son diversas: hiperregulación administrativa, dificultades económicas para pequeños y medianos agricultores, envejecimiento de la población agraria y falta de relevo generacional. En España, la edad media de los responsables de explotaciones es de 61,41 años, el 41,3% supera los 65 y solo el 3,9% tiene menos de 35. En Murcia, donde el 40% de la superficie está destinada a la agricultura, la situación adquiere una dimensión especialmente crítica.
Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, advierte sobre las consecuencias: los jóvenes murcianos encuentran poco atractivo un sector cargado de trabas burocráticas e escasa rentabilidad, lo que se traduce en fincas abandonadas, explotaciones sin continuidad y una concentración creciente de tierras en manos de inversores o grandes corporaciones.
El impacto va más allá de la producción: Cocampo subraya que el 48,3% de los municipios españoles está en riesgo de despoblamiento y que, en la última década, ocho de cada diez localidades rurales con menos de 5.000 habitantes han perdido población, con 410.000 habitantes menos. Menos actividad agraria implica menos empleo y servicios, y mayor despoblación. Corbalán resume que cada hectárea abandonada arrastra consigo actividad económica, empleo y arraigo social, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria.
El abandono del campo se asocia también al incremento de incendios forestales. SOS Rural señala que la conservación de los espacios naturales exige planificación y una política activa de apoyo al sector agrario; la falta de medidas reales agrava el problema, según la organización, que expresa su apoyo a las familias afectadas por el fuego y a los equipos que combaten las llamas.
Entre las medidas urgentes planteadas por SOS Rural figuran una Ley de Agricultura Familiar que reconozca la singularidad del modelo español y lo proteja frente a la especulación; un plan de acceso a la tierra para jóvenes agricultores, con bancos de tierras, arrendamientos bonificados o compra pública de fincas; y un sistema de financiación adaptado, con líneas de crédito blandas, microfinanciación y avales públicos, en un momento en que los préstamos hipotecarios para el sector se mantienen en mínimos históricos. En palabras de Corbalán, “sin agricultores, no hay comida” y revertir la tendencia requerirá medidas sostenidas en el tiempo y coherentes para garantizar el futuro del campo y la soberanía alimentaria.
