El Partido Popular ha exigido al Gobierno de España la creación de un Plan Estratégico de Empleo Inclusivo para personas con discapacidad, tras señalar que el colectivo sigue enfrentando grandes dificultades para acceder y mantenerse en el mercado laboral. La diputada regional del PP Sonia Ruiz presentó una moción en la Asamblea Regional que pide medidas específicas para abordar la alta tasa de paro y las barreras que enfrentan este grupo, especialmente los mayores de 45 años, las mujeres y quienes padecen discapacidad psicosocial.
Según el décimo informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (ODISMET), la brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad alcanza los 40,5 puntos, y el 64,5% de quienes tienen discapacidad permanece inactivo. Además, el 59,4% de los desempleados con discapacidad son parados de larga duración, una situación que afecta especialmente a quienes tienen entre 45 y 64 años. Ruiz destacó que “estamos hablando de casi dos millones de personas en edad laboral que tienen derecho a desarrollar un proyecto profesional en igualdad de condiciones, y no podemos aceptar que las dificultades de acceso al empleo sigan siendo tan elevadas”.
La diputada popular también alertó sobre el aumento de la discapacidad psicosocial tras la pandemia y la precariedad que afecta a quienes acceden a empleos de baja cualificación. A ello se suma una brecha salarial del 18,7% y un riesgo de pobreza o exclusión social que alcanza a casi una de cada tres personas con discapacidad.
El Grupo Parlamentario Popular propone, entre otras medidas, la creación de un Plan Estratégico de Empleo Inclusivo con especial atención a los mayores de 45 años, las mujeres con discapacidad y quienes padecen discapacidad psicosocial. “Las mujeres con discapacidad afrontan una doble discriminación y necesitan medidas específicas que permitan corregir esta desigualdad”, subrayó Ruiz.
Además, el PP propone reforzar las políticas activas de empleo mediante itinerarios personalizados, formación específica e incentivos para la contratación indefinida en empresas ordinarias. También se aboga por mejorar los programas de formación profesional y universitaria accesibles y vincularlos de manera efectiva con la inserción laboral.
La iniciativa reclama al Gobierno de España que facilite la compatibilidad entre pensiones por incapacidad y empleo, permitiendo que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral sin perder su protección social. Ruiz defendió además la necesidad de campañas nacionales contra los estigmas asociados a la discapacidad en los centros de trabajo y el reforzamiento del apoyo y financiación a organizaciones que trabajan en la inserción laboral de este colectivo.
“Garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad no es solo una obligación legal, sino también una cuestión de justicia social y una oportunidad para nuestra economía. El Gobierno de España tiene que dejar de mirar hacia otro lado y poner en marcha medidas concretas que permitan que nadie quede excluido del mercado laboral por razón de discapacidad”, concluyó la diputada regional.
