El alcalde Gil Jódar reclama subvenciones a fondo perdido, refuerzo de seguridad y financiación para los sobrecostes municipales, tras el rechazo del PSOE a una enmienda conjunta de PP y Vox.
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar (PP), ha anunciado este lunes que exigirá formalmente al Gobierno de España un plan de rescate para comercios, hostelería y servicios públicos afectados por las obras del soterramiento del AVE, que han generado «caos» en el tráfico y caídas de hasta el 30% en ventas. La petición, que incluye subvenciones directas y más efectivos policiales, llega tras el rechazo del PSOE a una enmienda de PP y Vox en el Pleno para abordar la crisis.
Qué pide el Ayuntamiento
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Ayudas a comercios y hostelería:
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Subvenciones a fondo perdido gestionadas por el Ministerio de Transportes.
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Mecanismos ágiles para acceder a los fondos sin burocracia.
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Compensación al Consistorio:
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Financiación para sobrecostes en limpieza, reparación de calles y regulación del tráfico.
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Refuerzo de seguridad:
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Más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.
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Transparencia:
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Informe técnico actualizado con plazos reales de finalización de las obras.
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Impacto en Lorca
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Comercios: Caída del 30% en ventas por cortes de calles y falta de aparcamiento (datos de CECLOR).
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Ayuntamiento: Gasto extra de 1,2 millones en servicios como limpieza intensiva y reparación de aceras.
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Vecinos: Quejas por retrasos en trasportes públicos y deterioro del mobiliario urbano.
Disputa política
La concejal de Economía, Belén Pérez (PP), acusó al PSOE de «boicotear» una enmienda conjunta con Vox para abordar el problema: «Mientras ellos juegan a la oposición sistemática, Lorca sufre». Los socialistas defendieron que su propio plan, rechazado días antes por PP y Vox, era «más completo».
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Belén Pérez (PP):
«Pedro Sánchez no puede ignorar que Lorca está pagando el precio de una obra que beneficia a toda España». -
PSOE (en comunicado):
«El PP busca culpables fuera después de votar contra nuestras medidas para el comercio».
Las obras del soterramiento (con 900 millones de inversión estatal) comenzaron en 2023 y se alargarán hasta 2027. El Ayuntamiento alega que:
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El proyecto se ejecuta con «falta de coordinación», generando cortes imprevistos.
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El Gobierno central no ha compensado a los afectados, pese a ser una competencia estatal.
El alcalde enviará la petición a:
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Presidencia del Gobierno y Ministerios de Transportes, Interior y Hacienda.
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Entidades locales: CECLOR, Hostelor y Cámara de Comercio.
Los hosteleros anuncian una manifestación el 10 de agosto si no hay respuesta.
