El Ayuntamiento denuncia que, diez meses después de las inundaciones de marzo, sigue sin publicarse en el BOE ni notificarse el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró Lorca zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil.
Lorca, 23 de enero de 2026. El Ayuntamiento de Lorca ha decidido recurrir a la vía judicial para reclamar la publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado y la notificación formal del acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025 que declaró al municipio zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil tras la DANA de marzo. La concejal de Patrimonio, Belén Pérez, ha calificado de “inadmisible” que, casi diez meses después del temporal, el consistorio siga sin conocer el contenido detallado de ese acuerdo ni las ayudas concretas previstas para particulares, empresas y sectores productivos.
Pérez ha recordado que las inundaciones dejaron un fallecido en la pedanía de Ramonete y provocaron cuantiosos daños en infraestructuras municipales, viviendas, fincas agrícolas, explotaciones ganaderas e industrias, con una estimación inicial en torno a los 13 millones de euros solo en determinados ámbitos, y más de 34 millones si se suman todos los conceptos valorados en su momento por el Ayuntamiento. Aunque el consistorio ha obtenido una subvención de 950.000 euros para reparar bienes y servicios municipales y ha presentado más de un centenar de memorias de daños, ciudadanos, pymes y autónomos siguen sin tener información sobre ayudas directas, beneficios fiscales o medidas de apoyo al sector agrario y ganadero.
La edil ha explicado que, pese a los numerosos contactos mantenidos con la Delegación del Gobierno y con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ayuntamiento continúa sin recibir la resolución ni ver publicado el acuerdo, a diferencia de otros territorios incluidos en el mismo paquete de emergencias. A juicio del gobierno local, la omisión de esa publicación vulnera los principios de publicidad normativa, seguridad jurídica y buena administración recogidos en los artículos 9.3 y 103 de la Constitución, impide planificar la cobertura financiera de los gastos de emergencia ya asumidos y dificulta la defensa de los intereses municipales ante terceros y ante la propia ciudadanía.
En este contexto, el equipo de gobierno ha aprobado una moción para ejercitar las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias ante la jurisdicción contencioso‑administrativa, amparándose en el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa, que permite a una Administración acudir a los tribunales frente a la inactividad de otra cuando incumple obligaciones legales concretas. “Estamos ante una inactividad administrativa relevante y ante el incumplimiento del deber de publicar y notificar un acto esencial, lo que legitima plenamente al Ayuntamiento de Lorca para defender por la vía judicial los intereses públicos municipales y, en definitiva, los derechos de los lorquinos”, ha subrayado Pérez.
Paralelamente, la Junta de Gobierno ha aprobado otra moción para instar formalmente a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a que facilite al Ayuntamiento el acceso íntegro al expediente estatal de declaración de Lorca como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil. El consistorio solicita copia de todos los informes, actuaciones instructoras, valoraciones técnicas y actos de trámite dictados hasta la fecha, así como un informe detallado sobre la fase procedimental en la que se encuentra el expediente, los órganos intervinientes, los requerimientos pendientes al Ayuntamiento, los criterios aplicados para valorar los daños y un calendario orientativo para la resolución definitiva por parte del Consejo de Ministros.
El acuerdo municipal incluye, además, la petición de información específica sobre la tramitación de la solicitud de abono de los gastos de emergencia asumidos por el Ayuntamiento, cuya primera estimación ya fue remitida en marzo de 2025, y ordena dar traslado de estas decisiones al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y a todos los organismos estatales implicados en la gestión del expediente.
