La formación pide al Pleno que se implique en exigir a la CARM una ley garantista que fije distancias mínimas reales entre casas de apuestas y espacios juveniles tras la anulación del PGMO por el TSJ.
Lorca, 22 de enero de 2026. Izquierda Unida ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Lorca para que el Pleno se implique de forma activa en el impulso de cambios legales que alejen los salones de juego y apuestas de los centros educativos y de otros espacios frecuentados por menores y jóvenes. La iniciativa llega tras la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que ha anulado la reforma del Plan General Municipal de Ordenación aprobada en enero de 2023 y que había sido promovida por IU para fijar distancias mínimas de 500 metros respecto a equipamientos educativos, deportivos, sociosanitarios y culturales, y de 1.000 metros entre locales de juego.
El concejal de IU, Pedro Sosa, y el diputado regional José Luis Álvarez‑Castellanos han explicado a las puertas del IES Ibáñez Martín —frente al que se ubica uno de los salones más grandes de la ciudad— que el fallo reconoce la capacidad del Ayuntamiento para ordenar urbanísticamente estos usos, pero tumba la reforma porque impone distancias más restrictivas que las fijadas por la normativa autonómica sin una motivación suficiente. Ambos han denunciado el “compadreo” del Gobierno regional con los grandes operadores del juego y recuerdan que la Región de Murcia es la comunidad con más casas de apuestas por habitante de toda la Unión Europea, con unos 22 salones por cada 100.000 habitantes y una densidad que sitúa a municipios como Murcia, Cartagena o Lorca muy por encima de la media estatal.
Acompañados por el abogado lorquino y activista Juan Miguel Murcia Merlos, autor del libro “Redención” sobre su propia lucha contra la ludopatía, anunciaron además un ciclo de charlas de prevención en institutos y centros juveniles de Lorca y de la Región para abordar las claves psicológicas, educativas, urbanísticas y legales que hay detrás de esta adicción. Sosa defiende que la respuesta municipal debe combinar el impulso a cambios legales, nuevas medidas urbanísticas, mayor vigilancia policial sobre horarios y control de acceso de menores, programas educativos y oferta alternativa de ocio para la juventud.
Álvarez‑Castellanos lamenta que, a diferencia de la mayoría de comunidades autónomas, la Región de Murcia no haya incorporado aún en su ley del juego una distancia mínima obligatoria entre casas de apuestas y centros educativos, ni haya corregido el criterio de renovaciones de licencias, que siguen evaluándose según las condiciones que existían en el momento de su concesión. Según recuerda, los propios servicios jurídicos de la Comunidad advirtieron de que este sistema vulnera la Ley 2/1995 del Juego y las Apuestas, cuyo artículo 7.2 establece que en las renovaciones deben aplicarse las condiciones vigentes, lo que permitiría cerrar progresivamente los salones situados junto a colegios e institutos, como ya ocurre en otras autonomías.
En coherencia con las iniciativas registradas en la Asamblea Regional, la moción de IU propone que el Pleno de Lorca exprese su apoyo a la implantación legal de distancias efectivas entre salones de juego y centros educativos y sociales juveniles, e inste al Gobierno regional y a los grupos parlamentarios a emular las leyes ya aprobadas en otras comunidades. El texto reclama que la futura normativa autonómica garantice un alejamiento real tanto para las nuevas aperturas como para la renovación de las licencias existentes, de modo que los negocios de apuestas dejen de tener la puerta abierta a pocos metros de los centros donde estudian y socializan los menores.
