Sosa advierte que no hay garantías de cumplimiento en las contrataciones del Ayuntamiento de Lorca
El concejal de IU+P+AV, Pedro Sosa, anunció que próximamente en el Pleno del Ayuntamiento se presentará una moción para abordar la transparencia y la ética en la contratación de obras y servicios municipales, con el objetivo de evitar adjudicaciones a empresas implicadas en corrupción. La propuesta sigue la línea de las medidas que su partido impulsa a nivel estatal, incluyendo la posibilidad de expropiar beneficios obtenidos mediante prácticas corruptas.
Sosa recordó que desde julio de 2022 ha solicitado información sobre las empresas adjudicatarias en Lorca que puedan estar relacionadas con prácticas anticompetitivas y dañinas para el interés público, sin haber obtenido respuesta aún. Además, afirmó que no existen garantías reales de que el Ayuntamiento cumpla la prohibición de contratar con empresas condenadas por delitos vinculados a la corrupción, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
Histórico y preocupaciones sobre contratación con empresas dudosas
El concejal recordó que en 2017 ya exigió la paralización de la adjudicación del vertedero de LIMUSA, en aquel entonces a Ferrovial, por estar en investigaciones por financiación ilegal y sobornos. También criticó que en 2022, cuando supieron que varias grandes empresas españolas, incluyendo a Acciona—contratista en Lorca—fueron sancionadas por prácticas ilegales para falsear la competencia, solicitaron información sobre posibles riesgos en las contrataciones municipales. Sin embargo, aún esperan respuestas, y la actitud de otros grupos políticos en el ayuntamiento ha sido de rechazo o poca interés en esclarecer estos asuntos.
Propuestas para garantizar la legalidad en la contratación pública
Sosa plantea que en el próximo Pleno se aprueben dos medidas: primero, que los servicios de contratación elaboren un informe técnico, jurídico y económico para identificar si alguna empresa condenada o sancionada actualmente tiene adjudicados contratos en Lorca, y tomar las acciones necesarias si es el caso. Segundo, que las bases del presupuesto incluyan controles específicos para asegurar el cumplimiento de las normas que prohíben contratar con empresas sancionadas, en línea con la legislación vigente.
Este debate llega en un momento en el que la corrupción, tanto en el ámbito político como en las contrataciones públicas, ocupa un lugar central en la discusión política a nivel nacional y local.
