Entre sus argumentos ha destacado que el proceso de desalación «es contaminante», el precio de desalar el agua es «un 40% superior»
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que estima parcialmente el escalonamiento del caudal ecológico del Tajo y obliga a establecer ya el previsto para 2027 es «el resultado de la política hídrica» del Gobierno central, basada en «decisiones unilaterales» y «alejadas de la ciencia y de cualquier criterio técnico».
En declaraciones a ‘Herrera en COPE’, López Miras ha indicado que la Comunidad está estudiando «de forma procelosa» la sentencia porque «es muy farragosa» y hasta el momento «ni el Gobierno ha podido interpretarla». El «único» que lo ha hecho hasta ahora, ha criticado, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lo hizo «al minuto» de hacerse pública.
El máximo dirigente regional ha apuntado que el recorte al trasvase Tajo-Segura dejará «en una situación de extrema vulnerabilidad» no solo la Región de Murcia, sino a todo el Levante, y, con ello, a «gran parte de España».
Se ha referido a su intervención el pasado martes en el Congreso para defender una proposición de ley que tenía como objetivo «defender y blindar el trasvase Tajo-Segura, pero también para alcanzar acuerdos en materia de agua», porque este recurso «no es de los territorios por donde pasan los ríos», sino, como dice la Constitución, «de todos los españoles».
Por tanto, «cualquier decisión que se tome en materia de agua tiene que partir del consenso y del acuerdo», ha enfatizado el presidente de la Región.
Respecto a la votación del pasado martes en la Cámara Baja, López Miras ha lamentado que «el PSOE y sus socios» tumbaran la iniciativa y ha instado a los socialistas de la Región de Murcia a hacer «una reflexión» ante este «rechazo rotundo» que va en contra, a su juicio, de los intereses de su comunidad autónoma.
Por contra, ha defendido la postura del PP «de todas las comunidades autónomas», que demostró que «tiene claro que el agua es una cuestión de Estado que requiere de un gran acuerdo nacional y que no se puede prescindir de ninguna fuente de agua, ni de los trasvases, ni de la desalación, ni de la reutilización o la regeneración».
Preguntado sobre la inversión del Gobierno central para la ampliación de desaladoras, López Miras ha dicho que «la mitad» de estas infraestructuras «no están funcionando y no están al máximo de su rendimiento», al tiempo que ha apuntado que el agua desalada «no es la alternativa», sino «un complemento» porque «no se puede vivir ni cultivar solo con agua desalada».
Entre sus argumentos ha destacado que el proceso de desalación «es contaminante», el precio de desalar el agua es «un 40% superior», en muchos casos es «imposible» llevarlo a determinadas cotas de interior y, además, «con el agua desalada solo no se puede cultivar».
