Argumenta que esta norma viola la Constitución y las leyes, generando efectos perjudiciales fuera de su ámbito territorial y afectando a sectores estratégicos
El Gobierno regional ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra la regulación de los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, aprobada por el Gobierno de España hace un año. La denuncia se fundamenta en la «arbitrariedad con la que la Administración demandada ha fijado el régimen y valores de caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo, sin presupuesto justificativo de interés general y sin aval científico que sostenga los cálculos realizados».
El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, informó este jueves al Consejo de Gobierno sobre la formalización de este recurso, con el que buscan la anulación de las disposiciones del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba el régimen de caudales ecológicos del río Tajo.
La Comunidad argumenta que esta norma viola la Constitución y las leyes, generando efectos perjudiciales fuera de su ámbito territorial y afectando a sectores estratégicos como la agricultura de regadío y la producción de alimentos debido a la falta de coordinación y a planes hidrológicos contradictorios.
La impugnación se basa en cuatro motivos que convergen en varios vicios de legalidad. En primer lugar, destaca la falta de coordinación de los planes hidrológicos y la infracción de la jerarquía normativa. Según el Gobierno regional, la nueva regulación infrige la Constitución e ignora los usos derivados del Acueducto Tajo-Segura.
En segundo lugar, se señala la arbitrariedad en el régimen de caudales ecológicos, que impacta directamente en el volumen de aguas trasvasables por el Acueducto Tajo-Segura. El establecimiento de estos caudales debería ser objetivo y proporcionado, evaluando el impacto socioeconómico y ambiental, y respetando principios de concertación y participación pública.
La denuncia no cuestiona la obligación de fijar un régimen de caudales ecológicos, sino la metodología, procedimiento y criterios empleados por la Administración General del Estado. La Comunidad insiste en que estos caudales deben determinarse de manera objetiva y proporcional, considerando el impacto en la cuenca del Segura.
