Impulsan una iniciativa para que el ayuntamiento de Lorca sea el primero de España en rechazar la reforma de los delitos de sedición y malversación

Los ciudadanos no quieren que el gobierno de su país retuerza la Ley para poner en la calle a corruptos y delincuentes, y menos aún a los que están condenados por intentar romper la unidad de España guiados por el odio de un nacionalismo aldeano y violento.

El presidente del Partido Popular de Lorca y Portavoz en el Ayuntamiento, Fulgencio Gil, ha exigido que el Consistorio Municipal reclame al actual gobierno de España el mantenimiento de los delitos de Sedición y Malversación tal y como están establecidos en el Código Penal vigente, ante la batería de anuncios y noticias lanzadas desde el ejecutivo de Pedro Sánchez en tal sentido.

 

            Queremos que nuestro Ayuntamiento sea el primero de España en rechazar la humillación a la que el PSOE pretende someter a nuestra democracia, arrodillándola ante quienes promovieron la fractura social, el enfrentamiento entre ciudadanos y la generación de un conflicto político guiados por una nacionalismo aldeano, egoísta y radical. Estamos hablando de cuestiones que nos afectan a todos los ciudadanos ante las que no caben las medias tintas, porque o se está con la defensa de la Constitución y los valores de una España democrática, o se está con quienes se han empeñado en reventar la concordia y la libertad.

 

            Pedro Sánchez quiere retorcer todo el estado de derecho para poner en la calle a un grupo de delincuentes porque ahora son sus aliados. La Ley está para cumplirla, no para cambiarla y privilegiar a delincuentes juzgados y sentenciados. Este tipo de maniobras no tienen sitio en ningún país serio, civilizado ni avanzado. España no puede depender de las personas que quieren destruirla.

 

Ante la gravedad de esta situación el municipalismo no puede permanecer mudo. Es esencial que desde todos los Ayuntamientos exista un pronunciamiento explícito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar al Estado, privilegiar a delincuentes condenados e impulsar la desigualdad de trato entre los ciudadanos. Desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley.

 

En el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención de reformar los delitos de sedición y malversación. El primero de ellos se encuentra tipificado en el artículo 544 del Código Penal y castiga a quienes se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma ya fue adelantada por el ejecutivo de Pedro Sánchez en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los delincuentes involucrados en el intento de separación de Cataluña.

 

Con este anuncio, el gobierno de España retoma un peligroso precedente; el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial.

 

De llevarse a cabo esta reforma, el gobierno de España estaría participando activamente en el descrédito y menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España, pero ahora deben recibir un trato privilegiado porque de ellos depende el gobierno de nuestro país.

 

El anuncio de la reforma del delito de sedición es solo una más de las concesiones y a tenor de la falta de escrúpulos que algunos demuestran, no parece que vaya a ser la última.

 

Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible menoscabarla. Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su presidencia. La libertad que nos otorga nuestra Constitución tiene que ser defendida, y en ella no tienen cabida ni la sedición ni los referéndums ilegales.

 

Esta iniciativa será elevada al próximo pleno del Ayuntamiento a través de una moción.

 

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