Exigen a Aguas de Lorca que invierta en la renovación de la red de agua potable en La Paca

La concejala de esta formación, Gloria Martín, alertó que las tuberías, de fibrocemento, han superado el periodo de vida útil de 40 años y que las roturas son constantes. La normativa sectorial obliga a la retira de estructuras con amianto, cancerígeno, cuando el material está en mal estado

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha reclamado hoy al equipo de Gobierno municipal y a la empresa semipública Aguas de Lorca que aborde la renovación de las redes de agua potable en el pueblo de La Paca, donde “las roturas de las canalizaciones son constantes”. Lo ha hecho tras ser alertada por los propios vecinos, que están “hartos del sin fin de averías que sufren”.

Gloria Martín recordó que en abril de 2021, el alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE) y el vicealcalde y concejal de Empresas Públicas, Francisco Morales (Cs) anunciaron que Aguas de Lorca había “seleccionado” proyectos relacionados con el abastecimiento de agua potable para Zarcilla de Ramos, Campillo, La Hoya, Torrealvilla, Marchena, Campo López y Avilés. El conjunto de las actuaciones fue valorado en 98 millones de euros, para las que se está buscando financiación a través de los fondos europeos ‘Next Generation’, y “que parece que no han conseguido”.

Para la concejala de Izquierda Unida-Verdes es “imperdonable” que La Paca no entre en los planes del ayuntamiento ni de la mercantil, cuando las incidencias por roturas de las conducciones, que aún son de fibrocemento, no se renuevan desde el año 1969, hace 54 años.  Gloria Martín explicó que hay zonas, como la calle Almería, por la que se sube a La Quinta, en las que “cada diez metros hay un parche en el pavimento como muestra de las constantes averías”. “Esta misma semana los técnicos de Aguas de Lorca han tenido que subir varias veces al pueblo e incluso en uno de los siniestros, que se produjo de noche, una vecina terminó con su casa anegada”, explicó.

Gloria Martín lamentó que Hidrogea, empresa privada del grupo Agbar, que tiene una participación del 49% en Aguas de Lorca, “sólo ponga la mano para repartirse los dividendos a final de año, pero no para costear las obras que el municipio necesita en materia de servicios de agua potable, saneamiento y depuración”. Sobre este asunto, la concejala de Izquierda Unida-Verdes también lamentó que el Ayuntamiento, que es la parte pública de Aguas de Lorca,  “no exija con contundencia a Hidrogea las inversiones que le corresponde hacer” y que tienen que ir “más allá” de las subvencionadas con fondos públicos”.

Sobre las tuberías, Gloria Martín recordó que el uso y la fabricación de materiales con fibrocemento está prohibido por ley en España y en la Unión Europea desde el 7 de diciembre de 2001, en tanto se ha comprobado que contiene amianto, una sustancia cancerígena. Las tuberías, al igual que ocurre con los depósitos de agua con amianto, no constituyen en principio un problema para la salud, “siempre que se encuentren en buen estado”. Pero la edil de IU-Verdes recordó que “la mayor parte de las tuberías de La Paca han sobrepasado con creces su periodo de vida útil (40 años),  están muy deterioradas –la prueba son las constantes roturas– y hay estudios recientes que indican que el desgaste del material después de cuatro décadas reduce el tamaño de la tubería, por lo que las fibras de amianto se encuentran en contacto con el agua que circula por ella. Sobre este asunto, la concejala de IU-Verdes recordó que la normativa sectorial vigente en España obliga a su retirada cuando el fibrocemento está en mal estado o ha alcanzado el final de su vida útil.

Por ello, Gloria Martín ha pedido al Ayuntamiento que elabore un plan de eliminación de las tuberías de fibrocemento y que, mientras tanto, ponga en marcha controles de calidad del agua que incluyan indicadores de la presencia de amianto. También ha exigido que se adopten todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger a los trabajadores de Aguas de Lorca que se ven obligados a reparar estructuras que contienen amianto.

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