Presentan en el pleno una modificación legal para permitir el desalojo de viviendas ocupadas en 24 horas

y además vetar la inscripción de estos delincuentes en el padrón municipal.

El problema se está extendiendo por los barrios altos, San Cristóbal, Los Ángeles y varias pedanías, desde donde numerosos afectados se han puesto en contacto con el Grupo Popular para trasladar su indefensión ante la actuación “cada vez más descarada” de grupos de ocupas.

Rosa Mª Medina: “queremos evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal. Exigimos que esta inscripción se considere nula, no constituya prueba de residencia, ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, instamos a que el Ayuntamiento aplique la baja de oficio o a instancia del propietario en cuanto tuvieran conocimiento de ello.

Los barrios altos, San Cristóbal y Los Ángeles son las áreas de la ciudad en las que más casos de ocupación de viviendas son denunciados tanto por parte de los legítimos dueños de los inmuebles como de sus respectivas comunidades de propietarios. Estamos hablando de un problema que se está extendiendo de forma especial por el casco urbano, perjudicando la convivencia vecinal y degradando el entorno en el que se registran.

 

La situación a la que se enfrentan los ciudadanos que sufren la ocupación de su vivienda constituye un auténtico calvario legal, puesto que carecen de herramientas, recursos y apoyos para poder recuperar su inmueble, y tienen que asumir un proceso que se puede prolongar durante meses y años. De hecho, tienen que seguir pagando todos los gastos derivados del abono de los recibos de luz, agua, comunidad, seguro de vivienda, impuesto de bienes inmuebles y demás, a pesar de no poder siquiera acceder a su propiedad. Es un absoluto disparate fruto de la negligente gestión que se está llevando a cabo por parte del actual gobierno central del PSOE, que, en vez de luchar contra estos delitos, hace la vista gorda porque sus socios de gobierno han sido los máximos promotores de la ocupación de inmuebles.

 

Queremos que desde el ayuntamiento se impulse la reforma legislativa que los afectados por la ocupación de viviendas vienen solicitando desde hace tiempo. No se puede vivir de espaldas a un fenómeno que está literalmente está amargando la vida de muchas familias, que no se quieren resignar a sentirse simplemente indefensos, sino que reclaman una solución que en un Estadio de Derecho consolidado ya estaría puesta sobre la mesa y activada.

 

La secretaria general del PP lorquino, Rosa Mª Medina ha adelantado que esta formación política llevará al próximo pleno una iniciativa por la que se exige al gobierno central establecer las medidas necesarias que permitan a las familias recuperar su vivienda ocupada en un plazo de 24 horas. Para ello reclamamos la inclusión de nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitan mejorar la protección de los propietarios de inmuebles con el objetivo de recuperar con celeridad la plena posesión de una vivienda o parte de ella, y dotar de un marco legal adecuado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que puedan desarrollar su labor con el respaldo que merecen.

 

Proponemos incluir un nuevo apartado en la Ley de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal del ayuntamiento de Lorca de un ocupante ilegal. Esta medida también contempla solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, instamos a que el Ayuntamiento aplique la baja de oficio o a instancia del propietario en cuanto tuvieran conocimiento de ello.

 

Para ayudar a quienes sufren este tipo de agresión a su propiedad es necesario modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas en caso de ocupación, especialmente en el caso de mafias, así como recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.

 

Dentro de esta batería en defensa de los ciudadanos se incluye modificar la Ley de propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas con el objetivo de que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

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